Por Roberto Auday
En 1994 por la Ley 24.241 se dividió el sistema jubilatorio,
quedando éste del Estado basado en la Solidaridad y las Administradoras de
Fondos que eran empresas privadas con fines de lucro.
Bajo una fuerte presión de los medios de
comunicación y economistas del establisment, que presentaron a éstas compañías
como una verdadera panacea, los trabajadores fueron inducidos a incorporarse a las AFJP.
El marketing desarrollado por estas empresas
fue de una intensidad extrema.
Las empresas cobraban entre el 2,5 y el 3 /
3,35 % de comisión por administrar los fondos, por lo menos así lo presentaron
durante años, nadie objetó esta forma errónea de expresar la comisión.
Con un ejemplo numérico intentaré aclarar el
tema:
Supongamos un obrero que tenía un salario
mensual de $ 1000.-
Su aporte a la jubilación era el 11 % sobre
1000 igual a $ 110.-
La comisión era el 3 % sobre el salario $
1000.- = $ 30.-
Lo que administraban las AFJP eran los
aportes, en este caso acreditaban a la cuenta capital del obrero $ 80 y se
quedaban con $ 30. Así que la comisión
no era el 3 % sino el 30 %.
La fijación de la comisión era libre, diferían
de una empresa a otra pero hay estimaciones que determinan que en promedio
llegaban al 30 %.
Además como al principio los aportes fueron
del 5 y 7 %, en algunos casos las comisiones llegaron al 50%.
Durante el período que funcionaron se estima
que las AFJP recibieron más de 12.000 millones de dólares en comisiones.
En el 2003 el
72% de los fondos eran administrados por empresas extranjeras. Más del
50 % de los fondos eran administrados por cuatro bancos extranjeros.
Paradojicamente el Estado Nacional para cubrir
sus déficit tenía que endeudarse con las AFJP, pagando intereses por dineros
que antes recibía directamente como aportes.
Si bien una pequeña parte de las comisiones
iba a cubrir seguros por fallecimientos e invalidez, las AFJP dilapidaron dinero en las remuneraciones
a sus directivos y gerentes. Los salarios de los presidentes eran de 47.000 a
110.000 pesos más las bonificaciones anuales de varios sueldos. Por ejemplo el
presidente de Arauco Bit confirmó que su remuneración anual era de $ 750.000.
El presidente de Consolidar el último año ganó $ 2.100.000. Son datos del año
2008.
Cuando tuvieron temor por una eventual
estatización no tuvieron escrúpulos en vender
títulos de la deuda pública a precio bajo para comprar dólares,
perjudicando a los titulares de los aportes. También hay una operación
fraudulenta con acciones del diario Clarín.
Sus inversiones nunca estuvieron dirigidas a
la producción.
Esto se terminó fines del 2008 cuando el
Gobierno Nacional, en una medida que lo dignifica por su decisión y coraje, consiguió
la aprobación de la Ley 26.425 reestatizando las AFJP.
Para ello hubo que sobrellevar la denodada
oposición de los monopolios mediáticos, los políticos que hablaban de que el
Gobierno sólo quería hacer caja, y de los economistas serviles a los dueños de
las AFJP.
Hoy los jubilados se encuentran ante un Estado
que ofrece a los jubilados la seguridad de dos aumentos por año, por un índice
que surge del promedio de aumentos de los trabajadores en actividad y de los
ingresos que tiene la Anses.
Además los fondos de la Anses son aplicados a
aumentar la productividad con destino a
disminuir los efectos de la crisis.
Todavía hay campo para mejorar el sistema,
especialmente en las jubilaciones mínimas.
Todo es perfectible, pero el modelo está
funcionando y es solidario.
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